La situación de los jubilados en Argentina sigue siendo crítica. A pesar de la inflación persistente, el bono de $70.000 otorgado por el gobierno nacional permanece congelado desde marzo de 2024, erosionando significativamente el poder adquisitivo de este sector vulnerable de la población.
Pérdidas Acumuladas: Un Ajuste Brutal
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el congelamiento del bono representa un ajuste severo para los jubilados. Si se hubiera actualizado al mismo ritmo que los haberes, el bono debería ascender a $173.407 en noviembre de 2025. Esto significa que los jubilados de la mínima están perdiendo más de $100.000 por mes debido a esta medida.
Aumentos Insuficientes y Deterioro del Poder Adquisitivo
Si bien las jubilaciones experimentarán un aumento del 2,1% en noviembre de 2025, en línea con la inflación de septiembre, este incremento resulta insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Las jubilaciones mínimas, incluso con el bono, se encuentran un 6,1% por debajo de noviembre de 2023 y un 3,7% por debajo de noviembre de 2024, en términos reales (descontando la inflación).
El gobierno nacional justifica el congelamiento del bono argumentando que solo se otorgarán bonos en función de la situación fiscal. Sin embargo, esta política genera un impacto negativo en la calidad de vida de los jubilados, quienes dependen de estos ingresos para cubrir sus necesidades básicas.
¿Quiénes Reciben el Bono?
El bono de $70.000 está dirigido a:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
El requisito principal para acceder al bono es cobrar una jubilación mínima, equivalente a $333.052,70. Aquellos que perciban un haber superior recibirán un bono variable, que cubrirá la diferencia hasta alcanzar ese monto.
¿Qué esperar para el futuro?
La incertidumbre sobre el futuro de los bonos y la falta de actualización de los mismos genera preocupación entre los jubilados. La política económica actual, centrada en el ajuste fiscal, parece priorizar la reducción del gasto público por encima del bienestar de los jubilados, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
Es crucial que el gobierno nacional revise su política previsional y adopte medidas que garanticen un ingreso digno para los jubilados, protegiéndolos de los efectos de la inflación y asegurando su calidad de vida.