Retiros Voluntarios: ¡Doble Control Ahora en el Estado! ¿Ajuste o Eficiencia?
Ajuste en el Estado: Retiros Voluntarios Bajo la Lupa de Economía y Desregulación
El gobierno nacional ha endurecido los controles sobre los planes de retiro voluntario en la administración pública y empresas estatales. A partir de ahora, la implementación de estos programas requerirá la aprobación previa de dos subsecretarías clave: la Subsecretaría de Presupuesto y la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. Esta medida, oficializada a través de la Resolución Conjunta 50/2025, busca optimizar el gasto público y asegurar una gestión más eficiente de los recursos del Estado.
La resolución, firmada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, establece que cualquier plan de retiro voluntario o forma de desvinculación laboral deberá ajustarse a "criterios y parámetros" específicamente diseñados por estas subsecretarías. En la práctica, esto significa que funcionarios como Rodrigo Cabado (Subsecretario de Presupuesto) y María Rosana Reggi (Subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público) tendrán un poder significativo en la aprobación de estos programas.
¿Por qué este doble control?
Fuentes del Ministerio de Transformación del Estado explicaron que esta decisión se debe al impacto presupuestario que generan todos los programas de retiro voluntario. "Ya sea en términos de costos presentes o de ahorros futuros, y a la vez, se encuentran estrechamente vinculados con las políticas de empleo público", señalaron. Por lo tanto, el diseño de estos planes debe ser trabajado en conjunto por ambas áreas para garantizar su viabilidad y efectividad.
El gobierno justifica esta medida en el marco de una política de "desregulación económica y reforma del Estado", con el objetivo de lograr una "simplificación y reducción del Estado". Sin embargo, la implementación de estos controles genera interrogantes sobre el futuro del empleo público y el impacto social de estas políticas.
Aerolíneas Argentinas ya ha reducido su planta de personal en 501 empleados desde el inicio de la gestión Milei, lo que demuestra el compromiso del gobierno con la reducción del gasto público. La pregunta ahora es si estos nuevos controles lograrán el equilibrio deseado entre eficiencia y responsabilidad social.
¿Qué sigue?
Será crucial observar cómo se implementan estos nuevos controles y cuál será su impacto real en la administración pública. La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para garantizar que estas medidas no afecten negativamente la calidad de los servicios públicos ni los derechos laborales de los empleados estatales.