En las últimas semanas, una serie de protestas en iglesias en los Estados Unidos ha generado un escenario de tensión entre la religión y las políticas migratorias. Los activistas han interrumpido servicios de domingo en iglesias para denunciar que un pastor se vincula con la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (ICE) de Estados Unidos. Según fuentes oficiales, el caso ha provocado una investigación federal por parte del Departamento de Justicia, que acusa a los participantes de «desacreditar un lugar de culto».
El conflicto se desarrolla en el contexto de protestas anti-ICE en Minnesota, especialmente después de la muerte de Renee Good, una mujer que fue alcanzada por un agente de ICE en un incidente en el que se consideró un desvío de responsabilidad. Los activistas afirman que uno de los pasteores de la Iglesia de Ciudad en St. Paul, David Easterwood, es un oficial de ICE en el área. Esto ha llevado a una serie de protestas que, según los organizadores, buscan defender a las víctimas de la policialización de migrantes y promover la justicia en el manejo de las políticas migratorias.
El caso ha generado una respuesta significativa en los medios, especialmente en redes sociales, donde los activistas han compartido videos de protestas en que gritaban «ICE out» y «Justicia para Renee Good». El Departamento de Justicia estadounidense ha anunciado que investigará a los participantes por violaciones de derechos civiles, lo que ha creado un clima de incertidumbre para las comunidades religiosas y políticas en el país. La respuesta de los funcionarios del Departamento de Justicia ha sido que buscan actuar con «el pleno peso de la ley federal» para controlar las protestas.
El conflicto también ha involucrado a figuras públicas como Don Lemon, un comentarista que ha sido señalado por sus actividades en protestas contra el gobierno en las iglesias. Trump ha amplificado un mensaje incorrecto en sus redes sociales que menciona que Lemon debería recibir 40 años de prisión por participar en protestas en una iglesia, lo que ha generado controversia en el ámbito religioso y político. El mensaje inicialmente fue un error en el tiempo, pero ha sido utilizado como una herramienta para promover una narrativa anti-ICE.
Las autoridades federales han señalado que las protestas en iglesias son una amenaza para las actividades religiosas y el derecho a la libertad de expresión. La situación ha llevado a una discusión sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos religiosos, especialmente en un contexto donde las iglesias están siendo utilizadas como espacios para protestas políticas.
El caso ha demostrado que las iglesias pueden ser entidades clave en el desarrollo de movimientos sociales y políticos, y que la interacción entre la religión y las políticas gubernamentales puede ser un tema delicado. Los activistas y las comunidades religiosas necesitan un diálogo claro para evitar conflictos que puedan afectar a sus actividades.