Justicia Rechaza Jubilación de Privilegio a Boudou: ¿Persecución o Legalidad?
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La justicia federal ha rechazado una medida cautelar presentada por Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, que buscaba la restitución de su jubilación de privilegio. Esta decisión judicial se suma a la demanda interpuesta por la ANSeS, que exige la devolución de más de $236 millones percibidos indebidamente durante el tiempo en que Boudou estuvo condenado por corrupción en el caso Ciccone.
El Caso Ciccone y la Condena de Boudou
Amado Boudou fue condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en relación con la compra irregular de la empresa calcográfica Ciccone. La Corte Suprema confirmó la condena en 2020, inhabilitándolo de por vida para ejercer cargos públicos.
La ANSeS fundamenta su negativa a restituir la jubilación de privilegio en el artículo 29 de la Ley N° 24.018, argumentando que es incompatible con haber cometido un delito en el ejercicio de la función pública en perjuicio del Estado. Por otro lado, Boudou sostiene que la condena ya fue cumplida y no justifica la suspensión de su asignación, que considera de carácter alimentario.
La Demanda de la ANSeS y el Debate Sobre la Jubilación de Privilegio
La ANSeS, bajo la administración del Ministerio de Capital Humano, ha demandado a Boudou para que devuelva $236.066.031,25, argumentando que los haberes fueron percibidos indebidamente durante la vigencia de la asignación mensual vitalicia. Este caso reabre el debate sobre la pertinencia de las jubilaciones de privilegio, especialmente en situaciones donde funcionarios públicos han sido condenados por corrupción.
¿Persecución Política o Aplicación de la Ley?
Si bien algunos sectores consideran que la medida es una aplicación estricta de la ley, otros sugieren que podría tratarse de una forma de persecución política. Es importante analizar la situación teniendo en cuenta la independencia judicial y evitar cualquier sesgo que pueda comprometer el debido proceso. En este caso, la causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial, considerando la falta de imparcialidad judicial, acusaciones de lawfare, la ausencia de pruebas directas, la desigualdad en el tratamiento de la prueba, la celeridad inusual del proceso, la desproporcionalidad de las penas impuestas y la exposición mediática parcial y anticipada del caso.
El caso de Amado Boudou plantea interrogantes sobre la ética pública, la transparencia y la justicia en Argentina. Será crucial seguir de cerca el desarrollo judicial de este caso y analizar las implicancias para el sistema previsional y la política nacional.