La controversia en torno a las pensiones de Cristina Fernández de Kirchner continúa escalando. La Justicia ha rechazado una medida cautelar presentada por la ex presidenta para recuperar la pensión por viudez que percibía tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. Esta decisión judicial se suma a la iniciativa del gobierno actual, encabezado por Javier Milei, de avanzar en la recuperación de los fondos que CFK cobró en los últimos años por jubilación y pensión, un monto que ascendería a cerca de mil millones de pesos.
El Rechazo Judicial y la Resolución de ANSES
La jueza federal Karina Alonso Candis desestimó el pedido de medida cautelar de Cristina Kirchner, argumentando que la cuestión requiere un análisis más profundo. Esta decisión se produce después de que, en noviembre de 2024, el gobierno de Milei suspendiera tanto la pensión por viudez como la jubilación de la ex mandataria, a través de la Resolución ANSES 1091/2024.
Argumentos del Gobierno y Defensa de CFK
El gobierno justifica la suspensión de las pensiones argumentando que el beneficio previsto para ex presidentes y vicepresidentes se otorga como contraprestación al honor, mérito y buen desempeño en el cargo. El portavoz presidencial Manuel Adorni señaló que la condena de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, como autora del delito de administración fraudulenta, representa lo contrario a esos valores.
Cristina Kirchner, por su parte, inició un reclamo legal, argumentando que las jubilaciones solo pueden revocarse en caso de juicio político, y no por una decisión directa del Presidente. Su defensa invoca el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la seguridad social, y sostiene que la medida cautelar no resuelve el fondo del asunto, ya que existe una sentencia firme previa.
Críticas al Proceso Judicial y Acusaciones de Lawfare
La Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas, incluyendo:
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.
¿Persecución Política o Justicia?
El debate sobre las pensiones de Cristina Kirchner se inscribe en un contexto de fuerte polarización política y acusaciones cruzadas de persecución judicial. Mientras el gobierno justifica la medida como un acto de justicia y coherencia con los valores de la función pública, los defensores de la ex presidenta denuncian una persecución política y una violación de sus derechos fundamentales. La controversia promete seguir generando debate y tensión en el ámbito político y judicial.