El reciente anuncio del Gobierno sobre un aumento de entre el 29% y 35% para los prestadores de servicios a personas con discapacidad ha generado una ola de indignación y críticas. Organizaciones del sector denuncian que este incremento, aplicado de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2025, no solo llega con un año de retraso, sino que también incumple la ley de Emergencia votada por el Congreso.
Según las organizaciones, la norma establecía un piso del 70% de aumento, lo que deja al ajuste anunciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) muy por debajo de lo requerido. La actriz Vanina Bassi calificó la situación como "repugnante", reflejando el sentir generalizado de un colectivo que se siente abandonado por el Estado.
Verónica Abasolo, transportista de personas con discapacidad, señaló que los efectos de este aumento se verán reflejados recién en abril del año siguiente, debido a la división del nomenclador. Además, denunció que el Programa Federal Incluir Salud adeuda hasta seis meses a algunos prestadores, agravando aún más la crisis.
¿Un Aumento Estratégico Pre-Elecciones?
El anuncio de la ANDIS, encabezada por Karina Milei, se produce a pocos días de las elecciones legislativas, lo que ha levantado sospechas sobre su intencionalidad. Si bien se destaca que la medida incluye una partida presupuestaria para cubrir los aumentos del último trimestre del año, muchos consideran que se trata de un intento de mitigar el descontento social y obtener rédito político.
Cabe recordar las denuncias sobre presuntos manejos irregulares en la ANDIS, incluyendo acusaciones de corrupción y comisiones vinculadas a la compra de medicamentos. La falta de transparencia y la cercanía de figuras clave del gobierno con estos escándalos generan aún más desconfianza en las medidas anunciadas.
El Nomenclador en la Mira
La actualización se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, que define los aranceles para instituciones, profesionales y servicios que trabajan en la atención de personas con discapacidad. Este nomenclador abarca una amplia gama de prestaciones, incluyendo internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.
Sin embargo, las críticas apuntan a que los valores establecidos en el nomenclador son insuficientes para cubrir los costos reales de los servicios, lo que pone en riesgo la calidad de la atención y la sostenibilidad de las instituciones. La falta de un ajuste adecuado y oportuno agrava esta situación, generando una crisis que afecta a miles de personas con discapacidad y a sus familias.
¿Qué sigue?
- Organizaciones del sector exigen una revisión urgente del nomenclador y un aumento acorde a la ley de Emergencia.
- Se espera que la publicación oficial de los valores reajustados en el Boletín Oficial revele el alcance real de los aumentos.
- La sociedad civil organizada continúa movilizándose para visibilizar la problemática y exigir soluciones concretas.